POSICIONAMIENTO ANTE LA PROPUESTA DE LIMITACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS A LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

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Des de la Federació Catalana de Carniceros, Charcuteros y Polleros y Cedecarne, la Confederación Española de Detallistas de la Carne, que nos representa a más de 25.000 carnicerías y charcuterías en todo el territorio español, ante las recientes declaraciones y posicionamientos sobre el establecimiento de un precio máximo para los productos de primera necesidad como solución a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores con motivo del fuerte incremento del precio de la cesta de la compra, queremos manifestar que por lo que a nuestro ámbito de actuación se refiere, entendemos que sería una medida más efectiva aplicar un IVA superreducido del 4% a la carne fresca, como ya tienen otros alimentos de primera necesidad, como son la leche, los huevos, las frutas, las verduras y el pan. Actualmente, la carne fresca tributa en imposición indirecta al 10% de manera incomprensible.

El ahorro que supondría para las familias y consumidores la aplicación de este IVA superreducido sería de 500.591.200 euros al año, y teniendo en cuenta la población española (47,33 millones de personas), alcanzaría un ahorro de 10,76 euros per cápita. Para una familia de cuatro miembros, supondría un ahorro, solo en carne fresca, de aproximadamente 43 euros en la cesta de la compra.

Esta medida conllevaría además otro importante beneficio, como una mejora en los hábitos nutricionales de los consumidores, ya que la carne fresca es un alimento básico en la dieta mediterránea, aportando algunos nutrientes esenciales para una alimentación completa y equilibrada. Este hecho es especialmente relevante cuando se trata de los niños, dada la importancia que este producto tiene para su crecimiento y correcto desarrollo, al ser una fuente de proteínas de gran calidad e importantes concentraciones de minerales, como hierro, fósforo, zinc, yodo, y vitaminas del grupo B.

Desigualdad de oportunidades para el comercio detallista

Como especialistas en un sector determinado, los comercios minoristas de la carne ofrecemos monoproducto, es decir, que no podemos variar o regular nuestros márgenes encareciendo otro tipo de productos de una cesta de la compra variada, como pueden hacer otros formatos de la distribución, que sí son multiproducto y tienen la posibilidad de ofrecer a sus clientes otras líneas de productos, con distintas calidades, pudiendo así ajustar márgenes de beneficio.

Además, entendemos que regular el precio máximo de venta supondría perjudicar gravemente al comercio minorista de la carne, ya que no tenemos capacidad de negociar con los proveedores mayoristas al no comprar a volumen como sí pueden hacerlo otros formatos de la distribución, por lo que el margen se reduciría drásticamente o tendríamos que vender a pérdidas, algo imposible de asumir. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido que el comercio minorista no tiene capacidad para limitar los precios de la misma manera que pueden hacerlo los grandes grupos de la distribución, por lo que no tiene sentido ni posibilidad de aplicación una medida que perjudica la libre competencia y la supervivencia del pequeño comercio detallista.

Otra de las graves consecuencias que tendría poner tope a los precios es que distorsionaría la oferta, porque puede provocar el acaparamiento de productos por parte de los consumidores, que van a ir a precio a la hora de realizar sus compras de primera necesidad. Cabe señalar que precisamente en el caso del sector cárnico, siempre ha habido cortes y tipos de piezas que son asequibles para todos los bolsillos del consumidor, por lo que no tiene sentido imponer precios cuando la variedad de producto y costes está ya garantizada.

Prohibición de fijar límites a los precios en determinados alimentos

Con todo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se ha pronunciado claramente en este sentido, señalando que “tanto la Ley de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia”. Por tanto, concluye que “la fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de precios de los prohibidos por esas normativas”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también se ha manifestado contrario a esta propuesta de fijación de precios máximos, y ha apelado al correcto funcionamiento de la cadena alimentaria en España, que está consiguiendo que “cada elemento en esa cadena encuentre su justa retribución”. Compartimos igualmente esta visión, ya que la actual ley que la regula nació con el espíritu de mejorar la eficiencia de la cadena y garantizar en todo momento unos precios justos y competitivos, teniendo en cuenta los costes de producción, el adecuado funcionamiento de la distribución y los precios de venta al consumidor.

Finalmente, queremos poner de manifiesto que las empresas detallistas de la carne somos empresas familiares, con lo cual tenemos un trato directo con el consumidor y conocemos perfectamente las dificultades por las que están pasando nuestros clientes, y que también sufrimos nosotros. Es por eso que llevamos tiempo haciendo enormes esfuerzos económicos reteniendo la inflación, rebajando los márgenes de nuestros productos, conteniendo al máximo los precios de venta al público, absorbiendo todos los costes de más que estamos soportando con motivo de las medidas establecidas por la pandemia y asumiendo el incremento de los costes de la energía, porque de otra forma los precios serían inasumibles para nuestros clientes.

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